Panamá Papers
Panamá Papers (en español papeles de Panamá) es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
Los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas, Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de «ocultar la identidad de los propietarios».
Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países. El 9 de mayo de 2016 el ICIJ publicó la base de datos completa, que funciona bajo licencia Open Database License (ODbL, v1.0) y sus contenidos fueron liberados bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Fuentes y trabajo de investigación periodística[editar]
La persona que realizó la filtración tomó contacto directo con Süddeutsche Zeitung y no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, sino que la comunicación se realizaría de manera encriptada. Consultada la fuente sobre su motivación, habría respondido que su único interés es «hacer públicos estos delitos» y que entregaría el volumen completo (2,6 terabytes); la selección de lo que se publicaría quedaba en manos de los periodistas. El primer contacto con la fuente, identificado por el periódico alemán con el seudónimo de John Doe, ocurrió en 2015 y tras casi un año de rigurosa investigación periodística, en la que participaron más de 400 periodistas de diversos países del mundo, se logró evaluar y sistematizar la información hasta darle la forma que tiene el informe detallado que se ha comenzado a publicar el 3 de abril de 2016, concitando gran expectación e interés.
Un poco antes de que el periódico alemán recibiera esta impresionante cantidad de datos de manera gratuita, las autoridades alemanas de la oficina de impuestos le habían comprado a un informante no identificado una cantidad (mucho más modesta) de información referida a contribuyentes alemanes, también procedente de Mossack Fonseca, y habían empezado las primeras razias.
La decisión del periódico alemán de compartir los materiales con el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) se debió a que esta organización ya había realizado investigaciones exitosas de gran envergadura en temas similares y que requerían cooperación internacional, proyectos en los que Süddeutsche Zeitung (SZ) había participado. Esta vez trabajaron equipos de más de 100 medios, provenientes de cerca de 80 países. Entre medios alemanes, aparte del propio SZ, colaboró también Norddeutscher Rundfunk y Westdeutscher Rundfunk; entre los equipos periodísticos británicos, destacan los de The Guardian y BBC; en Francia, participó un equipo de Le Monde y en Argentina, el diario La Nación; en Suiza, participó un equipo del periódico SonntagsZeitung; en Austria el semanario Falter y la ORF y en España la cadena laSexta y el diario El Confidencial. En total colaboraron más de 400 periodistas en distintas tareas de ordenamiento, clasificación, validación y análisis de la información filtrada, en un trabajo coordinado que se prolongó por doce meses hasta la publicación de los primeros resultados.
Sin embargo, la labor de análisis continúa y se extenderá por bastante tiempo más, no solo debido al inmenso volumen de datos, sino también a la gran diversidad de los portadores de la información filtrada: correos electrónicos, certificados, información bancaria de estados de cuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, como asimismo, documentos y actas de alrededor de 214 000 sociedades. Se trata de un total de 11,5 millones de archivos que contienen el registro de cuarenta años de negocios de Mossack Fonseca, aunque la mayor parte del material analizado está referido a transacciones y operaciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2015.
Manifiesto de John Doe
El 6 de mayo de 2016, algo más de un mes después de la publicación simultánea de los resultados de la investigación periodística, el alertador emitió un comunicado bajo el seudónimo de John Doe. En su «manifiesto» precisó los que a su juicio constituyen los principales actos delictivos revelados por los papeles de Panamá, indicando que quienes participaron deben responder ante la justicia. John Doe aseguró que no trabaja para ningún gobierno ni agencia de inteligencia y que filtró los documentos por decisión propia y «no por propósitos políticos». Empero, el manifiesto pide a las legislaturas de la Unión Europea y de los EE. UU. y de «todas las naciones» que modifiquen sus leyes «no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos», señalando también que, en la Unión Europea, «estos registros deben ser de acceso libre en cada estado miembro, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios finales». El periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) señaló al respecto que
En el manifiesto, John Doe señala además que habrá más filtraciones y que está dispuesto a colaborar con las autoridades — bajo ciertas condiciones de protección — en la investigación referente a estos temas. Sobre este último punto, se refirió ampliamente a la necesidad de proteger a los denunciantes de delitos, criticando con dureza la suerte que corrieron alertadores como Edward Snowden y otros, quienes a pesar de haber denunciado acciones abiertamente criminales, sufrieron duros castigos de una sociedad democrática que debió protegerlos. Finalizó su manifiesto destacando la importancia del acceso ciudadano al conocimiento y a la información, anunciando con optimismo que ha comenzado una nueva era y que «la próxima revolución será digitalizada».
Datos de la fuente primaria y su procesamiento[editar]
| Tipo de datos | Cantidad Documentos |
|---|---|
| Mensajes de correo electrónico | 4 804 61817 |
| Archivos en formato de base de datos | 3 047 30617 |
| Archivos PDF | 2 154 26417 |
| Imágenes | 1 117 02617 |
| Documentos de texto | 329 16617 |
| Otros | 224217 |
El periódico Süddeutsche Zeitung inicialmente no quiso publicar los documentos originales, ni tampoco poner a disposición de las autoridades judiciales los datos en bruto.18 Esto fue criticado de diversas maneras y por distintas organizaciones, entre otros, por WikiLeaks. Sin embargo, algunos pocos documentos sí han sido publicados en línea. Si la accesibilidad fuese facilitada por Süddeutsche Zeitung, en algunos Estados los documentos no podrían ser utilizados en los tribunales de justicia debido a que fueron obtenidos de manera ilegal. En cambio, los datos que se encontraron en los allanamientos oficiales de las oficinas de Mossack Fonseca no se encuentran bajo esta restricción. Tras sopesar las ventajas y desventajas de facilitar el acceso a los datos brutos, la ICIJ decidió publicar la base de datos completa, la que quedó disponible para búsquedas en línea el 9 de mayo de 2016. Sin embargo, según ha precisado Süddeutsche Zeitung, esto no significa que se publicań todos los documentos originales, sino simplemente los nombres de más de 200 mil firmas, sus beneficiarios y directores, como también sus intermediarios (por ejemplo, bancos, asesores y abogados). En general estos datos no son suficientes por sí solos para establecer quien es el propietario real. Los documentos originales no serán publicados, al menos, no todos. En la base de datos aparecen muchos nombres nuevos, entre ellos también de personas sobre quienes los medios de prensa, al menos, Süddeutsche Zeitung y los equipos periodísticos asociados a la ICIJ, no informaron en los primeros días y tampoco tienen planificado publicar, ya sea porque no existe evidencia de hechos delictivos asociados o porque el interés público de tal revelación no ha justificado su difusión.
Para las búsquedas en los documentos, Süddeutsche Zeitung usa el programa Nuix, una aplicación estándar, internacionalmente utilizada por oficinas de investigaciones.
Trasfondo[editar]
Mossack Fonseca es una firma de abogados panameña fundada en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, con una plantilla de más de 500 empleados repartidos entre sus más de 40 oficinas por el mundo. La organización trabaja con algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo, como Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse Group, UBS y Commerzbank. Antes de los papeles de Panamá, fue descrita por The Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore». Los principales servicios de la firma incluyen la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. La compañía es la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo en el mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil empresas, la mayoría en paraísos fiscales bajo administración británica como las Islas Caimán o la Isla de Man. En conjunto, las Islas Vírgenes Británicas han dado registro a cerca de 100 000 de estas empresas, siendo el destino favorito de los negocios offshore. El segundo lugar lo ocupa el propio Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles, estas dos últimas casi con igual número de registros de empresas fantasma.
No toda empresa fantasma es ilegal. Puede utilizarse en forma «legal» en, por ejemplo, una situación en la que alguien quiera comprarse una gran casa de veraneo en una isla X y desea mantener la transacción en secreto, por un mero asunto de privacidad; puede, en principio, hacer esa adquisición no a su nombre, sino al de su «empresa fantasma» y —mientras declare impuestos en el país donde principalmente reside y cumpla con las disposiciones legales de la isla X— no hay ningún problema. El caso inverso, la evasión de impuestos, o cualquier otro sorteo de la ley tributaria, obviamente es un delito, lo cual es un asunto bastante grave, puesto que ese dinero falta en la administración del Estado para salud, vivienda o educación.
Los periodistas del periódico Süddeutsche Zeitung que han analizado los datos de la filtración piensan que no se trata solo de eso, ni tampoco la evasión de impuestos es lo más grave. Para muchos asociados a las empresas fantasma, el secreto sirve a otros fines completamente diferentes, que incluyen el encubrimiento de acciones delictuales y la protección de criminales. Según muestra el análisis, se han utilizado sistemas de empresas offshore también para el financiamiento de grupos terroristas, o han permitido, por ejemplo, al régimen sirio sortear las sanciones internacionales y continuar su guerra interna. Con motivaciones que no son de tipo privado, miembros del gobierno chino también han fundado gran cantidad de empresas a través de los abogados de Panamá, ocultando allí sumas millonarias. En los documentos analizados por SZ junto a 400 periodistas del mundo se puede ver la gigantesca dimensión del problema de los negocios offshore, el impacto social y político con todas sus implicaciones, cuya superación, según se señala, requeriría de medidas coordinadas de la comunidad internacional.
Discusión sobre privacidad versus publicación de información de interés público
En muchos países, la publicación de los documentos — o de las conclusiones que de ellos se deprenden — ha suscitado un intenso debate público, así como una discusión en los organismos nacionales e internacionales a cargo de legislar o desarrollar regulaciones al respecto. El espectro de opiniones es muy amplio y se ha demarcado un área de conflicto: Mientras existen defensores de la máxima transparencia, que han aplaudido la filtración como un evento saludable que llama la atención sobre la necesidad de recuperar el control sobre la opaca actividad económica y financiera extraterritorial, también hay quienes defienden de manera prioritaria la privacidad de los negocios y destacan la ilegalidad de la publicación de datos privados relacionados con transacciones cuyo carácter ilícito no ha sido demostrado por los tribunales de justicia.
Entre los primeros, además de quienes impulsan nuevas medidas de control financiero y de coordinación internacional, hay también quien ha señalado la conveniencia de proteger a los alertadores, de modo que los riesgos que corren al filtrar información no los desaliente de la denuncia de informaciones de interés público. En esta línea se inscribe la declaración del presidente de Francia, François Hollande.
Los segundos enfatizan los derechos constitucionales a la defensa de la privacidad y plantean la necesidad de tomar medidas severas para controlar las filtraciones y sancionar a los responsables de apropiación indebida de información. Esta posición ha sido defendida, además de por la propia firma de abogados —que sostiene no haber perpetrado ningún delito y que «el único crimen es hackear»— también por una parte de la opinión pública, especialmente en Panamá, mientras que la posición del gobierno panameño ha ido variando, distanciándose progresivamente del bufete de Mossack Fonseca. También en otros países se ha planteado la necesidad de atender al secreto profesional en la relación entre abogados y mandantes y respetar el derecho a la confidencialidad, al menos tanto como el derecho a la información.
Se trata de una colisión de intereses y derechos, ciertamente. Respetar la privacidad es el principio que está en el centro de la normativa europea de protección de datos y de muchas otras regulaciones similares a nivel global, que establecen el derecho a que los datos privados no puedan conservarse por terceros, ni ser objeto de cruces y manipulaciones sin autorización de la persona afectada.33 Pero, por otro lado, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, particularmente cuando entre los involucrados se encuentran personas que ejercen cargos públicos, así como la investigación de diversos delitos y hasta el control de terrorismo, se señalan como elementos clave de la convivencia democrática y la seguridad ciudadana, constituyendo también derechos a salvaguardar. Tal es la posición del Grupo de los 20 y de la OEA, por ejemplo.
Por otra parte, la libertad de expresión y de prensa, así como el acceso a la información, son también bienes públicos — por lo general garantizados constitucionalmente como derechos ciudadanos — que también concurren a esta colisión. Aquí el argumento es que la opinión pública tiene derecho al escrutinio de la actuación de las personas que ejercen cargos públicos. En este sentido, la investigación periodística de los Panama Papers y sus publicaciones han recibido el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas.
Finalmente, se ha criticado que el acceso a los documentos originales no sea completamente público, de modo que cualquier ciudadano pueda evaluarlos y formarse su propia opinión al respecto, sino que se encuentre mediado por equipos de periodistas que participaron en la investigación, quienes han publicado los datos de acuerdo con algún criterio de selección que no es plenamente transparente. En este sentido se ha manifestado el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Personas implicadas
En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con una firma panameña de abogados, no constituye por sí mismo ningún delito y dependerá de qué exactamente se realizó. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, al carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.
Ocupando un lugar central entre los involucrados se encuentran muchos políticos del círculo más estrecho del presidente ruso Vladímir Putin, así como algunos amigos personales directos. Entre ellos, los registros analizados por la ICIJ demuestran que Sergei Roldugin, un músico y gran amigo personal de Putin desde la infancia, podría ser la pantalla de una red clandestina de socios de negocios del presidente ruso, en el marco de la cual los documentos muestran que se han hecho transacciones por al menos 2000 millones de dólares mediante compañías offshore. Los documentos identifican a Roldugin como dueño de estas firmas y comprueban que ha recibido pagos de otras empresas por decenas de millones de dólares. De alguna manera opaca, adquirió una influencia clave en la mayor empresa automotriz fabricante de camiones en Rusia y una importante participación en empresas de publicidad en la televisión. Según concluye la investigación periodística de la ICIJ, parece improbable que Roldugin esté acumulando esta riqueza de manera personal, mientras que los datos sugerirían que más bien actúa como pantalla del propio Putin o de una red cercana a él. Consultado por los periodistas declinó responder y declaró que necesitaba más tiempo para pensar qué podía decir sobre este asunto.
Por otra parte, entre los muchos líderes mundiales, dirigentes políticos y personalidades famosas hay al menos 33 individuos o entidades empresariales que habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en parte debido a la sanción internacional que pesa sobre varios Estados. Los cinco casos más evidentes son DCB Finance, Corea del Norte, Pangates International, Siria, Drex Technologies, Siria, Petropars Ltd., Irán y John Bredenkamp, Zimbabue.
Sin embargo, se trata de un asunto de alcance mundial, puesto que la información afecta a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas de 50 países diferentes que participan o han participado en sociedades offshore en 21 paraísos tributarios distintos.
Entre aquellos cuyas transacciones se han hecho públicas se encuentran 12 jefes y ex jefes de estado, tales como el presidente de Argentina Mauricio Macri, el primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, el presidente de Ucrania Petró Poroshenko y la familia del primer ministro pakistaní Nawaz Sharif, entre otros.
Macri, según se indica en el informe de esta investigación periodística, entre 1998 y 2009, junto a otros miembros de su familia directa, formó parte del directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, una firma cuya sede está registrada en las Bahamas. En su declaración jurada patrimonial de 2007 no está incluida esta firma, ya que, según aclaró en un comunicado oficial, no debía incluirla al nunca haber tenido acciones de dicha empresa, siendo solo un director nominal.
Por la condición particular de Ucrania, nación sumida en una guerra, el involucramiento de su presidente en ejercicio desde 2014, Petró Poroshenko, adquiere una dimensión ética adicional y especial. Poroshenko tiene un patrimonio de 858 millones de dólares, una fortuna que amasó con fábricas de chocolates, astilleros, un banco, fábricas de automóviles, de armamentos y medios de comunicación, llegando a ser el sexto en la lista de los más ricos de su país (según el listado de Forbes). Durante su campaña electoral, no quería ser identificado con un oligarca e incluso llegó a declarar que vendería su grupo de empresas para dedicarse exclusivamente como presidente «al bien de la nación ucraniana». Mas los Panama Papers demuestran que en el momento más álgido de la guerra, Poroshenko encaminó la fundación de su empresa fantasma Prime Asset Partners Limited, justo dos meses después de su triunfo electoral, de modo tal que el registro y todas las formalidades de la firma se completaron el 1 de septiembre de 2014, el mismo día en que murieron centenares de ucranianos en la batalla de Ilovaisk. La empresa fantasma estaba concebida como un holding de empresas chipriotas y ucranianas del grupo Roshen.
En la filtración también aparecen numerosos funcionarios deportivos que están obligados por ley a declarar de manera transparente sus haberes y descartar conflictos de intereses, tal es el caso del uruguayo Juan Pedro Damiani, abogado y presidente del Club Atlético Peñarol y desde 2006 miembro de la Comisión Ética de la FIFA. Según informan los medios, Damiani habría ayudado a tres acusados en el escándalo de la FIFA, entre otros, a Eugenio Figueredo a incorporarse a firmas offshore, a través de las que posiblemente se habría sobornado a funcionarios futbolísticos.
Bancos involucrados
De acuerdo con el análisis del ICIJ, más de 500 bancos y sus filiales han registrado «empresas fantasma» a través de Mossack Fonseca. Solo el banco británico HSBC y las empresas asociadas a él han registrado 2300. Hasta donde se sabe, los siguientes diez bancos son los que fundaron la mayoría de las empresas offshore para sus clientes:
Argentina
Algunas personalidades de Argentina aparecieron mencionadas en los Panama Papers: Mauricio Macri, actual presidente de la Nación, Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús, y ex ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante el Gobierno de Mauricio Macri (entre 2007 y 2015), Alejandro Burzaco, imputado en 2015 por la justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción de la FIFA. Héctor Magnetto (1944-), CEO del Grupo Clarín, Amalia Lacroze de Fortabat (1921-2012), dueña de la empresa de cemento Loma Negra. Carlos Blaquier, Alejandro Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Agustina Blaquier, María Blaquier, Carlos Alberto Blaquier, Milagro Blaquier y María Marta Taquini, Francisco de Narváez (político y empresario colombiano, dueño de las tiendas Casa Tía, ex diputado nacional). Luis, Mario y Lilia Pagani (dueños de Arcor), Alfredo Coto (dueño de la cadena de supermercados). Alejandro Roemmers (empresario farmacéutico). Daniel Carlos Garbarino (empresario). Alejandro Daniel Muñoz, fallecido en 2016. Claudio Belocopitt(empresario, presidente del Swiss Medical Group, dueño de América TV y La Red). Daniel Angelici presidente del Club de fútbol Boca Juniors y denunciado como operador judicial del presidente.
El 7 de abril se inició una investigación que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y Macri confirmó su participación como director en la sociedad offshore Fleg Trading con sede en Bahamas y alegó que se trata de una empresa familiar, creada por su padre, el empresario Franco Macri, que ocasionalmente habría dirigido y que «nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad».
En este contexto, aunque sin formar parte de la documentación de Panama Papers por no estar registrada con ayuda de Mossack Fonseca, el 4 de abril apareció una nueva sociedad de Mauricio Macri en Panamá, Kagemusha S. A, aún activa según el Registro Público de Panamá.100101
El juez en lo Civil Andrés Fraga determinó que en la sociedad Fleg Trading Ltd, de Bahamas, Mauricio Macri solo aceptó el cargo de director para el que fue designado al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar y que en Kagemusha, de Panamá, no aceptó siquiera tácitamente el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri. La sentencia agrega que en ninguna de las dos sociedades fue socio o accionista, que no percibió de ellas dividendos, utilidades ni ganancias no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno ni fue titular o cotitular de alguna cuenta corriente bancaria de las mismas.
A 2016 a raíz de la filtración informativa en medios de prensa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca varios empresarios y políticos argentinos se vieron involucrado en dicho escándalo. Esteban Bullrich es presidente de Formar Foundation, Inc, una “corporación doméstica sin fines de lucro” (en inglés: domestic nonprofit corporation) radicada en Florida desde el año 2006..103104 Otro de los mencionados, Gustavo Arribas, dijo que no es la persona que aparece integrando el directorio de la firma La Veneziana Corp que tiene mi nombre sino que debe ser un homónimo.
Jorge Macri, Néstor Grindetti y Darío Lopérfido entre otros, en una lista de personajes con propiedades, cuentas y empresas en paraísos fiscales.posteriormente la prensa dio a conocer que Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia. durante 10 años ocupó un rol de referencia para la firma de abogados Mossack-Fonseca, siendo intermediario.105 Pablo Clusellas fue el nexo entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades en paraísos fiscales alrededor del mundo, durante 10 años.106
La oposición pidió investigar al titular del ejecutivo desde el Congreso y reclamó la renuncia de Laura Alonso, titular designada por el presidente en la Oficina Anticorrupción. Luego de realizar esta defensa, Alonso fue criticada por diversos políticos, afirmando que debería ser la primera en exigir transparencia por parte de los servidores públicos. En tanto la vicepresidenta argentina defendió al presidente implicado, autocalificándose como «talibán de la transparencia».
Repercusión de los Panama Papers en Argentina
La repercusión en Argentina de los Panama Papers o papeles de Panamá1 se refiere a las consecuencias que tuvo en Argentina la filtración informativa en medios de prensa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameñaMossack Fonseca2 conforme la cual existió el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias, con fines que podrían ser de evasión tributaria u otras motivaciones, por parte de personalidades relevantes del país,3 mediante la fundación de compañías inscritas en un paraíso fiscal.2
En Argentina la difusión de la documentación con la mención de personalidades del país, incluido el propio presidente Mauricio Macri, tuvo repercusiones políticas y denuncias judiciales que en algunos casos se encuentran en curso.
Índice
[ocultar]- 1Los Panama Papers
- 2Declaraciones en Argentina sobre las sociedades offshore
- 3Personas de Argentina mencionadas en las publicaciones
- 3.1Mauricio Macri
- 3.1.1Las denuncias
- 3.1.2Explicaciones de Macri
- 3.2Néstor Grindetti
- 3.3Alejandro Burzaco
- 3.1Mauricio Macri
- 4Otros empresarios argentinos mencionados
- 4.1Otras repercusiones
- 5Referencias
- 6Enlaces externos
Los Panama Papers
En 2015, una persona cuya identidad se mantiene en reserva a su pedido se contactó con el periódico alemán Süddeutsche Zeitungmanifestando que con el único interés de «hacer públicos estos delitos» entregaría el volumen completo (2,6 terabytes) de información que abarca cuarenta años de los negocios de Mossack Fonseca, aunque la mayor parte del material analizado está referido al periodo entre 2005 y 2015,dejando a cargo del destinatario la selección de lo que se publicaría.5 El periódico decidió compartir el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ por lo que trabajaron equipos de cerca de 80 países pertenecientes a más de 100 medios, incluyendo en Argentina a un equipo periodístico del diario La Nación; estos equipos ordenaron, clasificaron, validaron y analizaron información durante doce meses antes de publicar los primeros resultados, sin perjuicio de que esas tareas continúan.
Declaraciones en Argentina sobre las sociedades offshore
El extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen afirmó que las firmas offshore «se hacen para ocultar a los accionistas» y que «lo grave es figurar como director», como es el caso de Macri entre 1998 y 2009.6 En un reportaje del diario Página 12 el director de Tax Justice Network (TJN, una ONG dedicada a investigar el accionar abusivo de las guaridas fiscales) John Christensen opinó que «Macri debería demostrar que Fleg es legítima (...) Si un argentino abre una sociedad en las Bahamas, lo más probable es que lo haga para evadir el pago de impuestos».
Por su parte, Silvana Martínez, una la abogada experta en sociedades y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), atestiguó ante el juez Sebastián Casanello que “la IGJ no inscribe desde el año 2003 sociedades off-shore” y que solo deben inscribirse en Argentina si van a desarrollar negocios en el país. Agregó que los accionistas deberían declararlas en la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo encargado de la recaudación impositiva, en la medida que reciban dividendos como accionistas u honorarios o remuneraciones como directores.
Personas de Argentina mencionadas en las publicaciones
Mauricio Macri
Las denuncias
De los Panama Papers surgió que el presidente de Argentina Mauricio Macri fue director en las sociedades Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas desde 1998 y con funcionamiento hasta 2009. En este contexto y aunque no forma parte de los documentos filtrados porque no se fundó con ayuda de Mosseck Fonseca, apareció una segunda empresa vinculada al presidente Macri, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981 y que todavía está activa según el Registro Público de Panamá.
Luego de conocerse la información, según el sitio web El Destape expertos en asuntos de lavado de dinero reclamaron se investigue el rol de Macri en un supuesto ilícito. La oposición pidió investigar al titular del ejecutivo desde el Congreso.
El 7 de abril, el fiscal Federico Delgado decidió impulsar la imputación penal contra el presidente Mauricio Macri por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de la denuncia realizada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez que se basa en los documentos filtrados. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Explicaciones de Macri
El presidente Mauricio Macri reconoció su vinculación con las dos sociedades mencionadas por los Panama Papers y afirmó que se trata de una empresa familiar, que ocasionalmente habría dirigido y que nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad, razón por la cual no estaban su declaración jurada patrimonial y que era director nominal ya que las mismas fueron creadas por su padre, quien sí la incluía en su declaración jurada de bienes.
El juez en lo Civil Andrés Fraga determinó que en la sociedad Fleg Trading Ltd, de Bahamas, Mauricio Macri solo aceptó el cargo de director para el que fue designado al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar y que en Kagemusha, de Panamá, no aceptó siquiera tácitamente el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri. La sentencia agrega que en ninguna de las dos sociedades fue socio o accionista, que no percibió de ellas dividendos, utilidades ni ganancias no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno ni fue titular o cotitular de alguna cuenta corriente bancaria de las mismas.
Néstor Grindetti
Igualmente figura Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex-ministro de Hacienda de Buenos Aires durante el gobierno de Macri, como poseedor de un poder de la empresa Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, que operó hasta 2013, que le permitía gestionar fondos a nombre de la compañía en el banco privado suizo Clariden Leu Limiteden. Las únicas acciones de Mercier eran al portador, un tipo de acciones que ayuda a ocultar la titularidad de las sociedades.
Grindetti respondió a través de su vocero Fabián Fernández que poseía el mencionado poder con el fin de realizar una inversión en el exterior que finalmente no se concretó, entre otras razones, «por el cepo cambiario». Fernández aseguró que Grindetti no llegó a poner dinero en la sociedad y, como no tuvo movimientos de fondos ni activos, no la incluyó en sus declaraciones juradas y dijo no recordar la cuenta en el banco suizo Clariden Leu.
La diputada Elisa Carrió, aliada del oficialismo al que también pertenece Grindetti, declaró que «no tiene explicación, siempre sospeché que era un corrupto y no me equivoqué». También afirmó que Macri le había mostrado los comprobantes correspondientes, que probarían la legalidad de las firmas. como coletazo porlos panamá papers en abril de 2016 tanto Grindinetti como Mauricio Macri fueron denunciados por una supuesta maniobra de corrupción y lavado de dinero para financiar la campaña del PRO durante el 2015, por montos cercanos a los 475 millones de dólares; el juez Sebastián Casanello decidió investigar a ambos.25 El fiscal de instrucción Martín Niklison denunció a Néstor Grindetti, por ocultar las empresas off shore cuando ambos eran funcionarios del Gobierno porteño.
Alejandro Burzaco[editar]
Días después de las primeras publicaciones, el diario La Nación confirmó que Alejandro Burzaco, imputado en 2015 por la justicia de los Estados Unidos en el Caso de corrupción de la FIFA aparece en los documentos de Panamá relacionado a múltiples firmas offshore a través de las cuales habría pagado más de u$s370 millones en sobornos a dirigente de Confederación Sudamericana de Fútbol.27
Otros empresarios argentinos mencionados
Algunos de los empresarios más importantes mencionados en los PP son: Argentina es mencionada en 270 firmas offshore, más 1200 argentinos son directivos u accionistas en paraísos fiscales.
- Héctor Magnetto (1944-), CEO del Grupo Clarín
- Amalia Lacroze de Fortabat (1921-2012), dueña de la empresa de cemento Loma Negra.
- Gregorio Pérez Companc (1934-)
- Carlos Blaquier, Alejandro Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Agustina Blaquier, María Blaquier, Carlos Alberto Blaquier, Milagro Blaquier y María Marta Taquini
- Francisco de Narváez (político y empresario colombiano, dueño de las tiendas Casa Tía, ex diputado nacional).
- Matías Garfunkel (empresario del Grupo 23).
- Luis, Mario y Lilia Pagani (dueños de Arcor)
- Alfredo Coto (dueño de la cadena de supermercados).
- Mastellone Hnos. (empresarios, dueños de la industria láctea La Serenísima.
- Alejandro, Carlos y María de las Mercedes Bulgheroni
- Eduardo Eurnekian (empresario), su sobrino Martín Eurnekian y su exsocio Marcelo Korzin (empresario).
- Miguel Madanes (empresario, dueño de Aluar).
- Alejandro Roemmers (empresario farmacéutico).
- Daniel Carlos Garbarino (empresario).
- Alejandro Daniel Muñoz. fallecido en 2016
- Claudio Belocopitt (empresario, presidente del Swiss Medical Group, dueño de América TV y La Red).
- Antonio Tabanelli (fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar), y su hija Rosana Tabanelli.
- Club de fútbol Boca Juniors
- Daniel Angelici Presidente de Boca Juniors
Otras repercusiones
La oposición pidió investigar al titular del ejecutivo desde el Congreso y reclamó la renuncia de Laura Alonso, titular designada por el presidente en la Oficina Anticorrupción, quien habría defendido el uso de cuentas en paraísos fiscales por parte de Macri. Luego de realizar esta defensa, Alonso fue criticada por diversos políticos, afirmando que debería ser la primera en exigir transparencia por parte de los servidores públicos. La diputada Margarita Stolbizer denunció que la Oficina Anticorrupción «confunde sus competencias y se convierte en la oficina de defensa de funcionarios y sus secretos». En tanto la vicepresidenta argentina defendió al presidente implicado, autocalificándose como «talibán de la transparencia».
https://es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers
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