1.- Gils Carbó admitió que se pagaron coimas al comprar un edificio de la Procuración
Señaló como responsable de la "comisión indebida" al funcionario que llevaba adelante la licitación, cuyo hermano recibió $ 3 millones por parte de los agentes inmobiliarios
La procuradora al ingresar ayer a la mañana a los tribunales para declarar
Crédito: Pablo Díaz
La procuradora Alejandra Gils Carbó admitió ayer ante la Justicia que hubo "un negocio oculto" en la compra de un edificio del Ministerio Público mediante el pago de una "comisión indebida". Pero la jefa de los fiscales negó haber tenido conocimiento alguno de la supuesta maniobra que culminó con el desembolso de una comisión millonaria a un hermano de un funcionario del Ministerio Público.
Gils Carbó pasó más de tres horas ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano acusada de ser parte de una supuesta maniobra para favorecer a los agentes inmobiliarios que vendieron el inmueble de la calle Perón 667 por $ 43 millones, donde actualmente funciona la oficina de la funcionaria.
"Jamás advertí ninguna irregularidad ni la advierto ahora. Nada me llamó la atención porque ganó el inmueble de mejor precio, más de 20 funcionarios de distintas áreas aprobaron todo, el edificio llenaba todas las condiciones necesarias y el precio era inferior a la cotización oficial", sostuvo Gils Carbó, foco de fuertes embestidas del Gobierno para apartarla de su cargo.
Frente a frente, se respiró un clima formal, pero cordial durante su exposición, que duró casi dos horas. Gils Carbó aclaró que iba a responder todas las preguntas que fueran necesarias, pero que debía terminar la indagatoria antes de las 15 porque tenía programado un encuentro con un representante de la ONU por el caso de Santiago Maldonado. Habló con tono pausado y hasta se animó a desplegar un cuadro para explicar su postura, mientras tomaba un té.
Cuando terminó su exposición, su abogado, Alejandro Rúa (el mismo de Cristina Kirchner); el fiscal, y el juez le hicieron menos de diez preguntas. A las 14 ya estaba fuera del edificio.
Taiano había pedido su indagatoria al sospechar que su jefa había simulado una licitación que no fue tal y había recibido "dádivas" por la compra del edificio.
"No intervine para nada en la redacción del pliego. Yo sólo aprobaba lo que la asesoría jurídica me decía que era correcto", se defendió la titular del Ministerio Público.
Un empleado infiel
Gils Carbó cargó toda la responsabilidad por el "negocio oculto" en Guillermo Bellingi, subdirector de la Procuración, el funcionario que llevó adelante la licitación y cuyo medio hermano cobró una millonaria comisión después de cerrar la operación.
"Cuando nos enteramos del negocio oculto de Thill, sufrimos, nos sentimos defraudados. Estimo que los titulares de las áreas, funcionarios de carrera, no pudieron detectarlo. Si sacamos el negocio oculto de Thill y Bellingi, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite", confesó la funcionaria. Y agregó que apenas se enteró de esta maniobra suspendió al funcionario en la procuración.
La Justicia deberá determinar la situación procesal de la jefa de los fiscales. Será clave en la causa establecer el grado de cercanía de la funcionaria con Bellingi, un funcionario de alto rango del Ministerio Público que la propia Gils Carbó llevó a trabajar a ese lugar por recomendación.
Cuando la citó a declarar como acusada, el juez Ercolini sostuvo que "existe motivo bastante para sospechar" que Gils Carbó y Bellingi "diagramaron un complejo entramado" para simular una licitación que estuvo direccionada.
Bellingi es medio hermano de Thill, el hombre que cobró $ 3 millones de comisión después de esta operación a pesar de que no tenía experiencia en el rubro inmobiliario. En total, se pagaron $ 7,5 millones en comisiones, lo que representa "un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario", alertó el juez.
Gils Carbó tuvo la oportunidad ayer de defenderse. "Me parece risible la hipótesis de que pueda haber compartido los beneficios de la comisión indebida que figura que cobró Thill, quien supe que tiene en su cuenta la mitad de esos fondos", lanzó la procuradora.
La procuradora argumenta que la licitación fue real, que ganó el mejor precio y que se pagó por el edificio un monto inferior al de la tasación. Asegura también que la comisión la pagó la parte vendedora -Arfinsa SA- y no el Estado, y que entonces no hay perjuicio a las cuentas públicas.
El juez Ercolini no comparte ese criterio al considerar que "esa sideral suma de dinero repartida entre los supuestos intermediarios" la entregó la vendedora "a partir de lo que percibió por la enajenación del inmueble". Por eso ,"en definitiva, se trató de fondos provenientes del aludido órgano estatal".
Implicados en la operación
Juan Carlos Thill
Agente de seguros
El medio hermano de Bellingi recibió $ 3 millones de comisión en su cuenta
Guillermo Bellingi
Subdirector en Procuración
Es el funcionario que llevó adelante la licitación sospechada por irregularidades
El proceso
La declaración
Alejandra Gils Carbó declaró ayer ante la Justicia, acusada de ser parte de una maniobra para favorecer a agentes inmobiliarios en la compra del edificio, donde hoy funciona la Procuración, por $ 43 millones.
La defensa
Gils Carbó negó haber advertido cualquier tipo de irregularidad en el proceso de venta.
El próximo paso
La situación procesal de Gils Carbó debe ser definida por la Justicia. Será clave establecer el grado de cercanía de la funcionaria con el subdirector de Procuración.
Fecha: 1 de septiembre de 2017
Por: Iván Ruiz
Fuente: La Nación
https://www.lanacion.com.ar/2058621-gils-carbo-admitio-que-se-pagaron-coimas-al-comprar-un-edificio-de-la-procuracion
2.- Procesaron a Alejandra Gils Carbó por el caso de la compra del edificio para la Procuración
El juez Julián Ercolini procesó a la procuradora general de la Nación por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La embargó por 7 millones de pesos
Gils Carbó, el día que tuvo que declarar por el caso
Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, fue procesada hoy por el juez Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública en el caso en el que se investiga el sospechoso pago de comisiones en la compra del edificio de la calle Perón al 600. También le dictó un embargo de 7 millones de pesos. De este modo la jefa de todos los fiscales nacionales fue por primera vez procesada por un caso de sospechas de corrupción.
En la investigación se demostró que se pagaron comisiones por la compra del edificio que la Procuración abonó $43.850.000 a la empresa Arfinsa del Grupo Bemberg. Esa empresa a su vez le pagó a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry la suma de 7,7 millones de pesos en comisión por el asesoramiento para la venta del inmueble. Al mismo tiempo, Jaureguiberry le pagó 3 millones de pesos por asesoramiento específico para la licitación del edificio de la calle Perón a Juan Carlos Thill un productor de seguros de la ciudad de La Plata, que no tenía relación con el negocio inmobiliario.
El edificio de la polémica
En abril pasado Infobae reveló la existencia del pago de la comisión a Thill y además que tenía un parentesco con el subdirector de la procuración Guillermo Bellingi, quien intervino en la licitación bajo investigación. El magistrado procesó a Gils Carbó, Bellingi, Thill, Jaureguiberry y a Adrián González Fischer, ejecutivo de ArFinsa, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ercolini fijó un embargo de 7 millones de pesos para Gils Carbó y Bellingi y uno de 5 millones para los otros tres procesados.
Adrián González Fischer
El juez sostuvo en su resolución de 211 páginas que Gils Carbó y Bellingi violaron "consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos" e "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667". "Se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional", agregó el magistrado.
Juan Carlos Thill
Thill –definido por Bárbara Jaureguiberry como experto en licitaciones- le envió a la inmobiliaria una copia del pliego de licitación antes de que se hiciera público y le dio precisiones sobre las fechas del proceso que solo podía conocer por tener información calificada que le brindaba su medio hermano. El magistrado señaló que Thill fue "insertado con la simulada calidad de asesor y gestor de la anterior" para cobrar las comisiones que significaron "un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional".
El fiscal Eduardo Taiano
El llamado a licitación se hizo público el 6 de marzo de 2013, el 20 de mayo se le adjudicó a Arfinsa/Jaureguiberry y en julio se hizo el pago. Y también los pagos de las comisiones. Cuando se conoció que Bellingi y Thill eran hermanos por parte de madre, la procuradora lo suspendió y ordenó un sumario administrativo para determinar la responsabilidades del ex subdirector de la Procuración en la trama de la venta del edificio.
El juez Julián Ercolini
Por decisión de Ercolini la investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano quien había pedido la indagatoria de su jefa Gils Carbó, de Bellingi Thill de Jaureguiberry y de otros funcionarios de la Procuración y directivos de la empresa ArFinsa. El fiscal había pedido las indagatorias de los implicados en el caso porque considero que se había direccionado la licitación para que la ganara ArFinsa. Esa hipótesis fue comprobada por el juez quien señaló que hubo una licitación "simulada".
Para el juez hubo varios hechos que se hicieron para llevar adelante la defraudación. Se dio de baja una licitación anterior; se cambiaron algunas de las condiciones que debían cumplir las empresas para presentarse a la licitación; se agregaron requerimientos edilicios que encajaban con lo que ofrecía el edificio de la calle Perón, entre otras cosas.
Alejandra Gils Carbó (Martín Rosenzveig)
Ercolini ademas dictó la falta de mérito para los funcionarios de la Procuración Héctor Zurita, Jorge Domanico y Osvaldo Leguizamón, quienes como integrantes de la línea administrativa participaron de la licitación. También le dictó la falta de mérito a Ignacio Costa Urquiza, un asociado de Jaureguiberry, y a Pedro Viceconte y Roberto Martino, apoderados de ArFinsa.
En la página 4 de la resolución, Ercolini resume la operación y se refiere a la responsabilidad que le cupo a la procuradora: "Asimismo, se encuentra acreditado con el grado de probabilidad ya mencionado que, en el marco de la maniobra descripta precedentemente, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi, en su condición de funcionarios públicos, con la intervención dolosa de Adrián Marcelo González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con miras a la obtención de beneficios personales".
Por Omar Lavieri
Fecha: 12 de octubre de 2017
Mail: olavieri@infobae.com
Fuente: Infobae
https://www.infobae.com/politica/2017/10/12/procesaron-a-alejandra-gils-carbo-por-el-caso-de-la-compra-del-edificio-para-la-procuracion/
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