1.- Más sospechas sobre Gils Carbó: alquiló otro edificio que nunca usó
Sospechas de corrupción
Está en Corrientes al 1600. Por un semestre de 2015, la Procuración pagó $ 6,5 millones. Sin ocuparlo, luego lo dejó.
Corrientes 1615. Ahí está el edificio del presidente de Racing que la procuradora alquiló seis meses.
El expediente es oficial. Tiene un nombre de razón indescifrable para quienes no son expertos en las nomenclaturas de la burocracia: “A 9005/2015”.
Pero dice bien grande en su primera página de dónde proviene: “Ministerio Público. Procuración General de la Nación”. Y su “Asunto” se comprende mejor: “En relación a dos contratos de locación de inmuebles en vigencia”. Alguien agregó un escrito a mano más especifico aun: “Corrientes 1615-CABA”. Se trata de un nuevo legajo relativo a resoluciones en el rubro inmobiliario ordenadas por la Procuradora General, Alejandra Magdalena Gils Carbó, jefa de todos los fiscales del país. La funcionaria está imputada en una causa judicial en la que se la investiga por posible corrupción generada gracias a la compra del edificio en el que hoy funciona la sede central de su organismo. Clarín accedió a un nuevo legajo que vincula a Gils Carbó con posibles desmanejos irregulares de millonarios fondos públicos, destinados, esta vez, no a la adquisición de un inmueble, si no al sospechoso alquiler de un edificio de 8 pisos que se usaría para que funcionen allí nuevas fiscalías. No pasó. Lo segundo, lo primero, sí. El Estado pagó por ese alquiler 6.580.000 pesos, correspondientes al lapso entre julio del 2015 y enero del 2016. Pero nadie trabajó allí, jamás. La Procuración pagó un alquiler millonario, financiado con fondos públicos, para nada. Fue una “renta fantasma”.
Según la carpeta gubernamental “A 9005/2015“, la Procuradora avaló la renta de una propiedad ubicada en Corrientes 1615.
Clarín confirmó la información con fuentes de la Procuración que estaban al tanto del tema. Pero también gracias al testimonio del propio dueño del inmueble. Se llama Víctor Blanco Rodríguez, es presidente de Racing Club y empresario hotelero de relevancia: “Me postulé para la licitación del alquiler de ese edificio de Corrientes 1615, sí, es mío”, le explicó Blanco Rodríguez a Clarín, y agregó: “Tenía dos posibilidades. Una era alquilárselo al Consejo de la Magistratura, La otra fue la que elegí y aun hoy lamento: que lo alquile la Procuración General de la Nación. Nadie lo usó, después me dieron de baja el contrato”.
A la “renta fantasma” autorizada por Gils Carbó, se le sumó a esta trama otra resolución enigmática.
Sin que nadie de la Procuración usase al edificio de Corrientes 1615, se resolvió que se comprarían los muebles que había en esas oficinas. Costaron 203.000 pesos.
El presidente de Racing, Blanco, es el propietario de Corrientes 1615, mediante una de sus sociedades comerciales llamada VBR Group. El empresario ratificó que cobró por el alquiler por su edificio, contó que nadie usó, y confirmó también que la misma Procuración le compró los muebles por alrededor de 200.000 pesos.
¿Por que Gils Carbó autorizó el alquiler de un edificio que la Procuración no usó? ¿Y por qué se compraron los muebles del lugar?
A esta última pregunta no hay respuestas oficiales.
Entre las diferentes acciones resolutivas y explicaciones internas que constan en el expediente administrativo hay acciones que generan más preguntas que, aun, no tienen respuestas.
La Procuración no sólo pagó un alquiler de 940 mil pesos mensuales por un edifico que nadie usó. Además ofreció abonarle alquileres por adelantado a Blanco. Así quedó asentado en una “addenda” al contrato. Ese adelanto de rentas correspondía a los primeros meses del 2017 iba a tener un costo de 3.574.511 pesos.
Blanco niega haber cobrado esa plata. Dice que la Procuración le avisó que dejaba de alquilarle su edificio “mediante un telegrama”.
El 17 de diciembre del 2015, el contador Jorge Argüello, funcionario de la Procuración, aseguró en un documento oficial que “La Sra. Procuradora General” lo “autorizó” a “ejecutar el Plan Anual de Compras y contrataciones correspondientes” al 2015. En ese marco se concretó la “renta fantasma” de Corrientes 1615.
El 26 de febrero del 2016, la propia Gils Carbó decidió terminar con ese alquiler. Pero no porque su organismo nunca ocupó el edificio de Corrientes 1615, si no porque -argumentó- el presidente Mauricio Macri había suspendido la implementación de nuevo Código Procesal Penal.
Pero esa no había sido la razón por la que la Procuración alquiló esa propiedad, según la adjudicación de la operación que consta en el Boletín Oficial. La diputada Elisa Carrió había denunciado varias de las posibles irregularidades en las operaciones inmobiliarias de la PGN en su pedido de juicio político contra Gils Carbó.
Paula Oliveto, una de las legisladoras que trabajó junto a Carrió esos temas, le aseguró a Clarín que “es gravísimo que la Procuración haya pagado por un edificio que no usó”. Y agregó que la intención de pagarle alquileres por adelantado al dueño de ese inmueble va en contra de Ley de la Administración Nacional.
Alejandra Magdalena Gils Carbó hizo carrera en el fuero comercial. Conoce de contratos y operaciones financieras e inmobiliarias. Mucho.
Fecha: 25/04/2017 - 20:26
Fuente: Clarin.com
Temática: Política
Por: Nicolás Wiñazki
https://www.clarin.com/politica/sospechas-gils-carbo-alquilo-edificio-uso_0_Hyt5II60x.html
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2.- Los millonarios contratos de Gils Carbó Propiedades
Investigación a la Procuradora
El Ministerio Público, a cargo de Alejandro Gils Carbó, pagó por adelantado un contrato de alquiler de más de 22 millones e hizo cuantiosos gastos en reformas. No se controló la gestión.
Procuradora Alejandra Gils Carbó. Pedro Lázaro Fernández
El viernes empezó a funcionar en forma plena un órgano institucional que jamás lo había hecho desde que fue creado por ley, hace diecinueve años. Se trata de la Comisión Bicameral del Congreso que debe controlar las acciones del Procurador General de la Nación, o sea, el ente al que debería rendirle cuentas el jefe de todos los fiscales federales de la República Argentina. Ese organismo “debutó” con la convocatoria exitosa a la funcionaria que le da su razón de ser, la actual Procuradora, Alejandra Magdalena Gils Carbó.
Acechada por la Justicia, las denuncias de la prensa y la oposición, la jefa de los fiscales debió admitir que es posible que una inversión multimillonaria que realizó su gestión hace cuatro años pueda haber sido el eje de una trama delictual.
La operación bajo sospecha es la compra de la propiedad de una mansión en Perón 667, hoy la sede del Ministerio Público Fiscal. Es el edificio en el que Gils Carbó trabaja desde hace cuatro años. Por esta historia la jefa de los fiscales está imputada y será llamada a indagatoria en una causa judicial.
Clarín confirmó en base a informes de legisladores de la Coalición Cívica que le pidieron el juicio político a la Procuradora; y al chequeo de documentación pública de la Procuración, que hay otros edificios que Gils Carbó compró en nombre del Estado, alquiló y hasta remodeló varias veces sin razones lógicas o arquitectónicas; y sobre todo, sin que otro organismo estatal controlara cuánta dinero público gastó en esas tareas. El “caso Gils Carbó” recién empezó.
El primero que denunció las irregularidades de Gils Carbó en el Poder Judicial fue el fiscal Guillermo Marijuán. La causa en la que la Procuradora está imputada -rumbo a ser llamada a declaración indagatoria- es instruida por el fiscal Eduardo Taiano. El juez es Julián Ercolini. El expediente investiga por qué el hermano del subprocurador Guillermo Bellingi cobró una comisión extraordinaria (por lo alta) para el mercado de los martilleros por hacer de supuesto “gestor” de los vendedores de la mansión de Perón 667, en la que vivió la familia Bemberg, fundadora de la cervecería Quilmes.
Perón 667: en 2012, la jefa de los fiscales adquirió este edificio por 43 millones de pesos. Lucía Merle
Hasta el viernes pasado en el que se hizo presente en el Congreso, Alejandra Magdalena Gils Carbó era irreductible y no se dejaba controlar por casi nadie.
Por ley, los gastos y el accionar legislativo de la Procuración General de la Nación deben ser estudiados por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Pero Gils Carbó puso trabas desde asumió en su cargo para evitarlo.
Es paradójico, teniendo el cuenta el nombre de la agrupación K para el Poder Judicial que ella fundó con nombre idealista: “Justicia Legítima”.
El control de la AGN sobre la PGN está legitimado por la Constitución Nacional.
Según datos del propio Ministerio Público Fiscal, Gils Carbó manejó, desde el 2013 hasta el 2015, presupuestos anuales que en total sobrepasan los 7.500 millones de pesos.
Además del edificio de Perón 667 -por el que ya está imputada en la Justicia- hay otros ejemplos de manejos discrecionales de presupuesto público en el mercado inmobiliario sospechosos para los denunciantes de la jefa de los fiscales.
En un informe de la Coalición Cívica sobre el juicio político que se le podría abrir a Gils Carbó, se consigna que mediante la resolución 4201/15 del organismo de esa funcionario se determinó la renovación del alquiler de un edificio que la Procuración utiliza hace muchos años. Está ubicado la calle Tucumán 966. La renta de ese inmueble estaba pactada en 625 mil pesos mensuales. Pero el total del alquiler, dice el informe repitiendo la información de la Procuración, es de $ 22.500.000.
La Procuración pagó $22.500.000 por adelantado por el alquiler del edificio de Tucumán 966. Martin Bonetto
Matemáticas son matemáticas: $ 22.500.000 dividido doce meses da una renta mensual de $1.875.000.
Más allá de esa diferencia, que la Auditoría General de la Nación no podrá estudiar, ¿por qué se adelanta el alquiler de un inmueble del Ministerio Público Fiscal?
Clarín detectó además gastos en el edificio central de la Procuración General, el de Perón 667, por cifras millonarias o de cientos de miles de pesos, que tienen que ver con remodelaciones arquitectónicas o mantenimiento de equipos; o compras de insumos tecnológicos, o de trabajo.
Por ejemplo: la construcción de una Sala de Usos Múltiples (SUM) en el edificio de Perón 667; la renovación de sus cocheras; el recambio de alfombras y ascensores; o la instalación de aires acondicionados; o cientos de aparatos telefónicos.
Además de esos items, quizás transversales a los organismos públicos del Estado, se destaca en la gestión de Gils Carbó una licitación para comprar 100 “sillones gerenciales”; y “200 sillas operativas”.
Para esa adquisición, se movió un expediente el 30 de marzo pasado.
El costo de la compra de esos elementos de oficina, se estipuló en un millón setenta mil pesos.
Se trata de una compra mayorista, por lo que el fabricante o proveedor de esos sillones y sillas podría rebajarle el precio al Estado para vender sus productos.
En la calle, o por la web, comprar 100 sillones gerenciales de buena calidad; y 200 sillas operativas, tiene un costo aproximado de 800 mil pesos.
La legisladora de Coalición Cívica Paula Oliveto le explicó a Clarínque “Gils Carbó maneja las cuentas de la Procuración de forma discrecional y sin rendir cuentas. Eso provoca que su gestión termina cargada de irregularidades que, en algunos casos, también pueden devenir en delitos”.
Y agregó “El alquiler de inmuebles que hizo y hace la Procuración también son posiblemente irregulares, además de conformar un manejo pero absolutamente anti-económico de los fondos del Estado”. Oliveto aseguró que personas que militan en el kirchnerismo son quienes resultaron beneficiados con las rentas de sus propiedades a la Procuración.
Hay un caso muy gráfico sobre los alquileres sin justificación -en los papeles al menos- que ordenó financiar Gils Carbó. La Procuración pagó millones de pesos durante meses por la renta de un edificio entero: sus oficinas nunca fueron ocupadas por nadie. Las de ningún piso.
Esa otra historia sobre este mismo caso. Ya se revelerá. Pronto.
Fecha: 22/04/2017 - 23:01
Fuente: Clarin.com
Temática: Política
Por: Nicolás Wiñazki
https://www.clarin.com/politica/millonarios-contratos-gils-carbo-propiedades_0_HJQ1xXKCg.html
3.- Otra venta sospechosa de un inmueble involucra al ex esposo de Gils Carbó
Negocios familiares
En 2009, el Ministerio Público Fiscal le compró una propiedad a Héctor Alonso y a la hija de la procuradora.
La procuradora Alejandra Gils Carbó ingresa esta mañana al edificio del Ministerio Público Fiscal ubicado en calle Peron 600. (Pedro Lázaro Fernández)
La Procuración General de la Nación y la familia de la titular de ese organismo, la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó, se entrecruzan por negocios inmobiliarios en común. Y también por contrataciones de parientes directos de la jefa de los fiscales en entes públicos en los que ella tenía influencia.
La Justicia investiga a Gils Carbó por la adquisición de un edificio, desde el 2013 nueva sede de la Procuración, cuya compra tuvo un costo para el Estado por 43.850.000 pesos.
Guillermo Bellingi era y es subprocurador. Su hermano, Juan Carlos Thill, un corredor de seguros sin vínculos con el mercado inmobiliario, cobró 3 millones de pesos para “gestionar trámites relacionados” con esa operación, según surge de un contrato firmado entre el vendedor de la “nueva” sede del lugar de trabajo Gils Carbó, y Thill. Ese documento fue publicado por el portal Infobae.
La procuradora Alejandra Gils Carbo ingresa esta mañana al edificio del Ministerio Público Fiscal ubicado en calle Peron 600. (Pedro Lázaro Fernandez)
El juez Julián Ercolini, y el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción de la causa en la que Gils Carbó está imputada, consideran que la Procuradora puede haber cometido, entre otros posibles delitos, el de negociaciones incompatibles con la función pública.
Hay al menos un antecedente que relaciona a la familia Gils Carbó con la compra de otro inmueble que pagó el ente que hoy ella dirige.
En 2009, la hoy Procuradora era fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Ese año su ex marido, Héctor Alonso, y su hija Damiana, le vendieron al Ministerio Público Fiscal de forma indirecta un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires por 340 mil dólares.
La compra de esta propiedad, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 1176/78, fue pagada por la Defensoría General de la Nación, bajo mando de Stella Maris Martínez.
Ese organismo depende del Ministerio Público Fiscal.
Esa operación inmobiliaria fue realizada por Alonso y la hija que tuvo con Gils Carbó a través de una de sus empresas, llamada Tecnomadera SAIC.
La Justicia investiga además, en estas semanas, si Alonso, el marido de Gils Carbó, también estuvo involucrado en la trama de la compra-venta de la “nueva” sede de la Procuración en la calle Perón, una mudanza del Ministerio Público Fiscal, urgente en el 2013, pero acaso innecesaria, debido a que la jefatura de los fiscales ya tenía una residencia en la que funcionó sin problemas hasta entonces.
Es un edificio de puro estilo franco-británico que se levanta sobre la calle Guido, en Barrio Norte Los lazos financieros entre la familia de la Procuradora de la Nación presentan además otras variables.
En mayo del 2016, la Defensoría de la Ciudad, al mando de Horacio Forti, contrató a la hija menor de la Procuradora General y del “broker” Alonso, llamada Alexia, como auxiliar en un juzgado.
En la resolución que podría ser considerada parte de una norma que instrumenta el favoritismo materno-filial, el Defensor de la Ciudad, Corti, no titubea en asegurar que los motivos para designar a Alexia Alonso solo provienen de su "capacidad y la idoneidad para cubrir el cargo” que se le asignó.
Las partidas que en este septenio le han pagado puntualmente sus sueldos, aguinaldos y asignaciones familiares salen del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Corti dijo públicamente que la Procuración y su Defensoría tienen en común "elementos" que considera "muy profundos" para poder "implementar políticas en conjunto para ayudar y defender los derechos de la sociedad”.
Damiana, la hermana de Alexia, socia de su padre en al empresa Tecnomadera, también dio pruebas de sus capacidad e idoneidad profesionales, pero esta vez para desempañarse en varios cargos al mismo tiempo.
Empresaria del “real estate”, también fue empleada de la Unidad de Información Financiera (UIF), durante la gestión K del hoy procesado por posibles deficiencias en su ideoneidad, José Sbatella. En paralelo, Damiana, también trabajó para la agencia oficial de noticias Télam.
Y creó, junto a la idónea Alexia, una ONG en cuya página web se destacaba los trabajos de la madre de ambas, Gils Carbó.
Según denuncias de la opositores al Gobierno de los Kirchner, ese sitio también filtró información que debería haber sido reservada porque develaría el avance de causas judiciales contrarias a los intereses de la ex presidenta Cristina Kirchner.
La ONG fundada por las Alonso-Gils Carbó tenía un nombre que enlaza por azar los rubros y cualidades que deberían destacarse en las carreras profesionales de su padre y su madre: “Mercado y Transparencia”.
Fecha: 16/04/2017 - 20:04
Fuente: Clarin.com
Temática: Política
Por: Nicolás Wiñazki
https://www.clarin.com/politica/venta-sospechosa-inmueble-involucra-ex-esposo-gils-carbo_0_ByRdU_Z0g.html
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